El pasado 19 de enero, 150 representantes públicos y políticos, del sector privado y la sociedad civil se reunieron en el Congreso de los Diputados para conversar e intercambiar ideas y opiniones en torno a la inversión de impacto.
La jornada, impulsada por SpainNAB, Harmon y Afi, sirvió para trasladar a la esfera política y a las Administraciones Públicas la necesidad de avanzar en el diálogo y en la colaboración público-privada para alcanzar un nuevo modelo económico centrado en generar un impacto positivo y pedirles que actúen como catalizadores de la inversión hacia la economía de impacto.
Es cierto que los problemas a los que nos enfrentamos son innegables y auguran importantes desafíos a corto plazo, y que, en este sentido, urge avanzar en la consolidación de la inversión de impacto. Como mencionó Iñigo Alli el pasado jueves en el Congreso, bastaría que un 10% de los 370 billones de dólares de activos financieros bajo gestión en el mundo se dedicaran a la inversión de impacto social y medioambiental para cumplir los 17 ODS de la Agenda 2030.
Para lograrlo, es indispensable involucrar a las administraciones públicas, pues estas tienen la oportunidad de orientar el diseño de las políticas públicas para favorecer este tipo de inversiones y atraer capital privado, con mecanismos como la financiación combinada o los contratos por resultados, que, a su vez, tienen el potencial de propiciar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Que la inversión de impacto y la economía de impacto hayan entrado de esta manera en la agenda política era un paso necesario para la consolidación de la inversión de impacto en nuestro país, y su extensión a la economía real.
Un ejemplo de esto es el fondo de impacto social de 400 millones previsto en la adenda al Plan de Recuperación aprobado en julio de 2021 para financiar proyectos de impacto social y medioambiental. La adenda, presentada a la Comisión Europea en el segundo semestre de 2022, incluye inversiones y reformas adicionales para la movilización de los fondos Next Generation EU asignados a España para el periodo 2020-2026. Aún no se sabe bien el detalle de este vehículo, aunque en la adenda se especifica que el impacto deberá ser cuantificable y el retorno financiero mínimo igual al del capital invertido.
La jornada en el Congreso estuvo marcada por el consenso en seguir avanzando hacia una economía de impacto en España. Esto es, desde nuestro punto de vista, y teniendo en cuenta el panorama político español, un gran logro. Pero es que no podía ser de otra forma, ¿quién duda de la necesidad de evolucionar hacia un modelo económico más inclusivo? Un modelo más ambicioso, que genere riqueza y empleo de forma sostenible y contribuya a reducir la desigualdad y a fomentar la regeneración de los recursos naturales y el bienestar de todas las personas.
Con todo esto en mente, sé que el 2023 va a ser un año crucial para la inversión de impacto en nuestro país. Entre otras cosas, Málaga acogerá en junio el GSG Global Impact Summit, el congreso internacional de referencia sobre “economía de impacto”.
Estamos convencidos de que, a lo largo de los próximos años, veremos la consolidación de la inversión de impacto y la transformación hacia un modelo de economía de impacto social en nuestro país. Es cierto que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero, mientras tanto, estos pequeños grandes avances nos llenan de ilusión y de ganas de seguir trabajando.
